Qué ocurrió
Las fechas límite comienzan el 15 de agosto y avanzan, según el último dígito del número, hasta el 31 de diciembre. El servicio de una línea no vinculada será suspendido dentro de las 72 horas posteriores a su vencimiento.
Mientras esté suspendida podrá comunicarse con servicios de emergencia, atención ciudadana y la propia compañía, además de recibir alertas sísmicas. Llamadas, mensajes y datos vuelven cuando concluye el registro.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sostiene que no habrá una base única en manos del gobierno. Cada operador conservará la asociación entre nombre, CURP y número. Durante la validación remota puede solicitarse identificación y prueba de vida, pero la autoridad afirma que las imágenes empleadas para verificar deben eliminarse.
Cuatro millones novecientas mil líneas menos
Entre diciembre de 2025 y junio de 2026, el mercado pasó de 162 millones de líneas activas a 157.1 millones: una reducción neta de 4.9 millones.
Eso no significa automáticamente 4.9 millones de personas desconectadas. Una persona puede poseer varias líneas, y parte de la contracción responde a cancelaciones, depuración comercial y otros movimientos del mercado. The Competitive Intelligence Unit atribuye 1.7 millones de líneas perdidas al registro obligatorio. La regulación participa en la caída; los datos disponibles no permiten adjudicarle el descenso completo.
El sector, además, no se contrajo en dinero. Durante el segundo trimestre registró ingresos por 97 mil 506 millones de pesos, 5.3 por ciento más que un año antes. El ingreso promedio por usuario llegó a 151.4 pesos mensuales, 6.4 por ciento más. Hay menos líneas activas y más ingreso por cada una de las que permanecen.
La barrera no era enterarse
Al 31 de mayo se habían registrado 52.4 millones de líneas. Una encuesta de The CIU encontró que 66% de los usuarios conocía la obligación, pero sólo 45 por ciento de ese grupo ya había completado el proceso.
Entre quienes conocían la medida y todavía no se registraban, 70 por ciento señaló desconfianza. El resto mencionó desconocimiento del procedimiento, desacuerdo o falta de tiempo en proporciones mucho menores.
No era solamente un problema de difusión. La gente había recibido el mensaje; no necesariamente confiaba en el mensajero, el proceso o el destino de sus datos.
Esa reserva tiene antecedentes. En 2022, la Suprema Corte invalidó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que contemplaba una base centralizada y datos biométricos, por considerar desproporcionada la afectación a la privacidad. El mecanismo vigente no es el mismo: distribuye la custodia entre operadores y afirma no conservar biométricos. El precedente no vuelve inconstitucional al nuevo registro por asociación automática, pero explica por qué una campaña oficial no alcanza para restaurar confianza.
La desconfianza tampoco nace de una aversión abstracta a la tecnología. México arrastra filtraciones, accesos indebidos y circulación ilegal de bases con nombres, domicilios, CURP y otros datos personales. Que la información permanezca distribuida entre compañías telefónicas, en vez de concentrarse en un padrón gubernamental, modifica la arquitectura del riesgo; no lo elimina. Organizaciones de derechos digitales han advertido, además, que el acceso de autoridades a información en manos de entidades públicas y privadas necesita controles, trazabilidad y salvaguardas verificables.
Para alguien que ya vio sus datos expuestos, vendidos o utilizados sin autorización, negarse a entregar otra copia de su identidad puede ser una decisión racional de autoprotección. La regulación interpreta esa decisión como incumplimiento y responde suspendiendo el servicio.
La línea ya no sirve sólo para llamar
Perder temporalmente un número ya no significa únicamente quedarse sin llamadas o mensajes. La línea recibe códigos bancarios, confirma identidades, recupera contraseñas, activa aplicaciones de transporte, sostiene operaciones de entrega, conecta herramientas laborales y permite trámites de gobierno.
El teléfono se convirtió —no tan discretamente— en la nueva llave maestra. La regulación, además de identificar una vía de comunicación, está colocando nombre a una de las credenciales con las que una persona demuestra su identidad frente a decenas de sistemas.
Eso fortalece la trazabilidad de una línea implicada en un delito. También concentra consecuencias sobre quien no puede completar el procedimiento, desconfía de él o utiliza números secundarios por razones de trabajo, cuidado, seguridad o economía informal.
El proceso remoto exige leer instrucciones, fotografiar una identificación y completar una prueba de vida con la cámara. Para una persona mayor con poca experiencia digital, alguien con dificultades visuales o motrices, una persona con documentos vencidos, datos inconsistentes en la CURP, conectividad deficiente o un equipo compartido, la obligación administrativa puede convertirse en una barrera material. La regla continúa corriendo aunque el usuario no entienda el procedimiento, no pueda ejecutarlo sin ayuda o ni siquiera sepa que su línea sigue pendiente.
Tampoco toda línea secundaria es desechable. Puede separar la vida personal del negocio informal, funcionar como canal de trabajo para repartidores y vendedores, sostener la coordinación de cuidados o mantener una vía de comunicación que no conoce quien acosa o amenaza a su titular. La misma característica que la regulación observa como anonimato puede operar, en otros contextos, como límite, resguardo o herramienta de supervivencia cotidiana.
Seguridad, identidad y acceso
La promesa pública puede expresarse con claridad: un número identificado dificulta el uso impune de chips desechables y ofrece una ruta de investigación ante fraude o extorsión. La promesa no equivale todavía a un resultado. Para saber si funciona habrá que observar si disminuyen esos delitos, si las investigaciones mejoran y si los datos permanecen protegidos.
En este contexto, vale la pena contar también lo que la medida desconsidera. Un código bancario que no llega puede bloquear el acceso a una cuenta. Una llamada perdida puede significar una jornada sin trabajo. Un teléfono suspendido puede dejar a una persona mayor sin el canal que utiliza su familia para acompañarla. La pérdida de una línea secundaria puede obligar a exponer el número personal que alguien mantenía separado por seguridad.
La suspensión es temporal en el sistema. Sus consecuencias no necesariamente lo son. Un pago vencido, una cita perdida, una oportunidad laboral o una emergencia ocurren en un momento específico; restablecer la línea después no restablece lo que pasó durante la interrupción.
El beneficio prometido es colectivo —menos anonimato para cometer delitos—, pero el costo de cumplimiento se distribuye de manera individual y desigual. Quien tiene documentos vigentes, conexión estable, un teléfono reciente y familiaridad digital entrega unos minutos. Quien carece de una de esas condiciones paga con traslados, asistencia, exposición de datos, incertidumbre o desconexión.
Por eso el éxito no puede medirse únicamente por la cantidad de CURP vinculadas. También necesita contar intentos fallidos, suspensiones, tiempos de restitución, reclamaciones, errores de identidad y afectaciones por edad, territorio o condición documental. Una política puede cumplir su meta administrativa y seguir siendo socialmente torpe.
La contracción total fue de 4.9 millones de líneas; la estimación citada atribuye 1.7 millones al registro. DIFUSO no presenta ambas cifras como equivalentes ni supone que cada línea corresponde a una persona distinta. El sistema vigente tampoco se confunde con el PANAUT invalidado en 2022.
El registro convierte la identidad en condición de conectividad. Puede ser una herramienta de seguridad, pero su legitimidad dependerá de algo más exigente que sumar CURP: demostrar que la identificación reduce daño sin castigar la prudencia, convertir la brecha digital en incomunicación ni trasladar todo el riesgo a quien necesita conservar la línea.